El juez de Castelli podría facilitar la transferencia del dominio del parque nacional “El Impenetrable”
El fiscal de Estado, Jorge Alcántara, estimó “necesaria” la decisión del juez Civil y Comercial de Castelli, Emilio Aiquel, de disponer que el gobierno de la provincia se haga cargo del predio de la ex estancia “La Fidelidad” ante la maraña judicial y el estado de desprotección de la flora y la fauna de ese parque nacional.
El fiscal de Estado, Jorge Alcántara, pidió que el juez Haiquel disponga que la posesión de La Fidelidad pase a manos del Estado provincial.
En declaraciones radiales aclaró que “en el marco de la causa expropiación que se está tramitando vía judicial ante él y allí lo habíamos solicitado”, precisó
La maraña
Alcántara apuntó que “el abogado representante de los herederos de Roseo planteó una recusación en contra del mismo, lo cual vuelve a implicar un retroceso judicial para que el mismo pueda entender, inhibiéndose mientras tanto, intervino otro juez y el expediente fue a Sáenz Peña para que la Cámara decida ”.
Consideró conveniente que esto se deba resolver y que “la entrega al Estado provincial para que se haga cargo del mismo, para que ejerza el poder de policía” y admitió que “hoy por hoy es un parque descuidado, no por falta de voluntad de toma de posesión por parte del Estado”.
“El Estado está solicitando sistemáticamente ejercer un control efectivo sobre esas tierras. Lo que se le manifestó al juez en sucesivos escritos sobre la caza furtiva, la explotación ilegal de especies arbóreas. En fin, todo lo que implica la falta de control en 150.000 hectáreas”, acotó.
El fiscal de Estado consideró que el administrador judicial, con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña “sin poder de control efectivo y sin poder realizar dentro del territorio correspondiente tanto a la preservación de fauna y de flora, en una situación absolutamente irregular, anómala”.
“La muestra más evidente de intervención y de falta de control se detecta con avanzadas de ONG sobre el río Bermejo. No hay una denuncia del administrador. Por eso digo hay un estado de desprotección en medio de una maraña judicial que se ha tejido con las distintas chicanas judiciales que ha ido interponiendo el abogado de los herederos de Roseo”, añadió.
A la vez apuntó “nosotros estamos convencidos de que corresponde y en el 100 por cien de los procesos de expropiación es de esta manera, consignando el monto requerido se entrega la toma de posesión, y si acá se quiere discutir el monto porque se dice que es muy bajo hay un mecanismo para discutirlo”.
“Ya decidida la posesión lo lógico es que el juez otorgue la posesión al Estado provincial y a partir de allí continuar con la discusión”, en un caso en que esa propiedad fue tasada judicialmente en 60 millones de pesos que tampoco fue transferida en su totalidad.
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